El anteproyecto de Ley de la Vivienda, actualmente en proceso de consulta, plantea una transformación integral del sector habitacional cubano, con el propósito de actualizar y unificar la legislación vigente para garantizar el derecho constitucional a una vivienda adecuada y un hábitat seguro, informa el periódico Granma.
La propuesta deroga y unifica normas anteriores y establece un nuevo paradigma que integra producción, gestión, financiamiento y conservación de la vivienda con enfoque sociocultural, económico y ambiental.
El texto reconoce diversas formas de tenencia, como arrendamiento, usufructo, habitación, comodato, derecho de superficie y propiedad horizontal, ampliando las vías legales de acceso a un techo digno.
Entre sus novedades figura el reconocimiento del derecho a poseer hasta dos viviendas en propiedad personal, sin incluir la de descanso, y la declaración de inembargabilidad de la residencia familiar, con protección especial para sectores vulnerables.
Se establece un entramado institucional que incluye gestión estatal, esfuerzo propio, cooperativas de viviendas, microbrigadas, micros, pequeñas y medianas empresas e inmobiliarias. Las cooperativas se constituyen ante notario y las microbrigadas reciben la vivienda con un descuento del treinta por ciento del precio.
La actividad inmobiliaria es promovida por el Estado como vía para disminuir el déficit habitacional y generar recursos financieros, mediante servicios de inversión, venta, arrendamiento con opción de compra y administración de inmuebles.
En materia de financiamiento, se incorporan créditos bancarios, utilidades de entidades, ingresos personales, subsidios y, de forma novedosa, hipotecas, reservando los subsidios para sectores vulnerables y jóvenes.
El anteproyecto dedica atención especial a la población protegida, priorizada y en situación de vulnerabilidad, con viviendas sociales gestionadas por los Consejos de la Administración municipal y condiciones preferentes de asignación.
También actualiza el régimen de tenencia y transmisión, simplifica procedimientos sucesorios y regula viviendas para estabilizar la fuerza de trabajo, preferentemente en régimen de arrendamiento con opción de compra.
La norma aspira a convertirse en instrumento al servicio del pueblo, con el reto de transformar sus principios en realidades concretas que garanticen viviendas adecuadas y hábitats seguros.
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