La propuesta de un impuesto del 5 % a las remesas enviadas desde Estados Unidos, que debate ahora la Cámara de Representantes, angustia a migrantes cuyas familias dependen de este dinero, con más de 40 millones de personas que resultarían afectadas en el país.
La tasa afectaría a más de 40 millones de personas, tanto indocumentadas como residentes con “green card”, y otros visados de no inmigrantes, según denunció el Caucus Hispano del Congreso (CHC).
En los últimos años, estos envíos de dinero de los migrantes se han convertido en un rubro importante en la economía de algunos países. Por ejemplo, las remesas representan el 25 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras o el 23 % de El Salvador.
En ese sentido, la hondureña María Lorenza Carrasco, quien lleva 33 años en Florida, desde donde envía unos 1 300 dólares mensuales a sus dos hijas y a su hermano enfermo de cáncer, aseguró que eso “es una ayuda que les doy a mis hijas y ellas sobreviven de eso, igual mi hermano que está enfermo”.
Para muchos trabajadores migrantes, este impuesto se sumaría a las tarifas ya existentes, encareciendo significativamente el envío de dinero a sus países de origen.
En tanto, para diversos analistas económicos, este impuesto podría tener consecuencias devastadoras para las economías de Centroamérica y México, donde las remesas representan una parte vital del Producto Interno Bruto (PIB).
México, el tercer mayor receptor de remesas del mundo (después de India y China), vería afectada su estabilidad financiera.
De acuerdo con datos de Delgado Travel, una empresa de envíos, el promedio mensual por persona es de 300 dólares y con el nuevo impuesto, con el nuevo impuesto del 5%, los remitentes tendrían que pagar 15 dólares adicionales más los gastos habituales de envío que es de un 4%. Es decir, que para enviar 300 dólares, se deben pagar 27 dólares adicionales.
Para quienes envían cantidades mayores, como 500 dólares mensuales, el costo adicional sería aún más significativo, lo que desincentivaría el flujo de remesas.
Economistas advierten que, lejos de disuadir la migración, esta medida podría agravar la situación. Al debilitar las economías latinoamericanas, aumentaría la presión para que más personas emigren a EE.UU. en busca de mejores oportunidades.
El proyecto de ley aún se debate en la Cámara de Representantes, pero dado el fuerte respaldo de los legisladores republicanos, se espera que sea aprobado en los próximos meses.
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