Jesús Otamendiz Campos, ministro de Trabajo y Seguridad Social, ratificó en el programa televisivo Mesa Redonda que las acciones implementadas frente al actual bloqueo energético impuesto por los Estados Unidos tienen como principio esencial la protección de los trabajadores y sus familias.
El titular subrayó que la prioridad no es la interrupción laboral, sino la reubicación en actividades que permitan mantener el vínculo con el empleo y evitar afectaciones en los ingresos.
Explicó que, siempre que las condiciones lo permitan, se aplican alternativas como el trabajo a distancia, el teletrabajo, el cambio de labor o ajustes en la jornada. Cuando estas opciones no resultan viables, se impone la reubicación en tareas de utilidad social y económica.
Señaló que existen oportunidades para emplear la fuerza laboral en sectores estratégicos como la producción local de alimentos, los servicios comunales, la atención a personas vulnerables y el apoyo a procesos educativos.
El ministro destacó que estas acciones contribuyen al desarrollo económico y social del país y permiten al trabajador mantenerse activo y útil, preservando su rol dentro de la sociedad.
Reiteró que la legislación vigente contempla garantías salariales para proteger a los trabajadores en caso de interrupción laboral.
Se asegura el ciento por ciento del salario básico durante el primer mes y, a partir del segundo, el sesenta por ciento, con respaldo de las empresas o del presupuesto estatal en casos justificados.
Otamendiz Campos enfatizó en que esta opción no debe convertirse en regla, pues siempre es preferible estar reubicado y cobrando el salario completo que permanecer interrupto con ingresos reducidos.
Subrayó la necesidad de implementar un riguroso sistema de control para garantizar la correcta aplicación de las medidas y evitar la desprotección de los trabajadores.
Las direcciones municipales de Trabajo articulan la oferta y demanda de empleo en coordinación con empleadores y entidades estatales.
Precisó que las entidades tienen la responsabilidad directa de evitar la interrupción laboral, gestionar alternativas de empleo y priorizar plazas en sectores productivos y de servicios.
Los organismos de la Administración Central del Estado y los consejos de la administración locales supervisan el cumplimiento de la política laboral, mientras que la inspección de trabajo fiscaliza y exige la restitución de la legalidad.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social mantiene un monitoreo permanente de la situación laboral y reporta mensualmente al Consejo de Ministros sobre la interrupción, la reubicación y las incidencias detectadas.
En un contexto marcado por tensiones energéticas, las autoridades insisten en aprovechar al máximo la fuerza laboral formada durante años, garantizando su protección y contribución activa a los programas económicos y sociales del país.
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