A fin de monitorear y mitigar los efectos de ese flagelo en el país, el próximo 4 de julio tendrá lugar en La Habana el lanzamiento oficial del Observatorio Nacional de Drogas.
Autoridades de los ministerios de Justicia (Minjus), Salud Pública (Minsap) y del Interior (Minint), así como de la Aduana General de la República y la Comisión Nacional de Drogas comparecieron en conferencia de prensa para profundizar en este paso la apuesta de Cuba por la vigilancia, la prevención y el enfrentamiento, contemplados en la política de tolerancia cero.
Pilar Varona Estrada, viceministra del Minjus, precisó que este hito tiene su principal antecedente en la voluntad de la mayor de las Antillas por evitar la proliferación del tráfico y consumo de sustancias ilegales y cooperar activamente con los esfuerzos globales por combatir esta problemática.
Destacó que la nación caribeña es signataria de las tres Convenciones de Naciones Unidas referidas a ese tema y sostiene acuerdos gubernamentales de colaboración con más de 45 países, así como convenios de asistencia jurídica, civil y penal con más de 55 países.
La vicetitular del ramo señaló que la implementación del observatorio está fundamentada en tres pilares esenciales: descargar de determinadas funciones a la Dirección Nacional de Drogas en cuanto a la supervisión del fenómeno, facilitar el acceso de la ciudadanía a la información y datos de la materia y, como aspecto novedoso, integrará en su funcionamiento la gestión de redes de información, de investigación y de alerta temprana.
De está manera, acotó, permitirá la interconexión de todos los actores de la sociedad para el abordaje del tema de las drogas, reforzará la vigilancia epidemiológica y servirá de medidor para comprobar la efectividad e impacto de los programas de prevención que implementa el país.
En correspondencia a su política de tolerancia cero, Cuba considera el tráfico ilícito de drogas como un delito cuyos riesgos y peligros atañen cuestiones referentes a la de seguridad nacional y, por tanto, el marco sancionador prevé el máximo rigor a los imputado por delitos de este tipo, siempre atendiendo a las garantías del debido proceso, reafirmó.
Sobre la incidencia del flagelo en la sociedad cubana, en particular los jóvenes, la doctora Carmen Borrego, jefa de la Sección de Salud Mental del MINSAP, resaltó el alto compromiso de la institución con la salud del pueblo y brindar las herramientas pertinentes para la educación y prevención.
Prueba de esta vocación de la salud pública en el archipiélago ejemplificó la opción del número telefónico 103, Línea Confidencial Antidrogas, el cual constituye un servicio nacional y gratuito de consejería abierto las 24 horas para atender casos de dicha naturaleza.
En el aspecto de alertar sobre las implicaciones potenciales del consumo de sustancias y potenciar la percepción de riesgo, resaltó la participación de jóvenes rehabilitados en debates comunitarios en localidades en transformación, devenidos en voceros del cambio en función de sensibilizar a la población.
Existen centros de salud y equipos especializados que trabajan en la actualización de sus protocolos de atención, aunque aún queda mucho camino en la labor de orientar a las familias en cómo reconocer esas situaciones y que hacer ante ellas y en eliminar cierta estigmatización que acompaña la reinserción social de las personas rehabilitadas, apuntó.
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