La actualización y flexibilización de un grupo de actividades económicas ejercidas por el sector no estatal (entidades privadas, micros, pequeñas y medianas empresas -Mipymes-, cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia), quedan refrendadas en el Decreto 160 de 2026, publicado hoy en la Gaceta de la República No. 62.
En conferencia de prensa, Lázara Mercedes López Ace, presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, informó que la nueva normativa está a tono con las transformaciones económicas y sociales aprobadas por la Asamblea Nacional, e implican la reducción de las actividades no autorizadas para el sector no estatal.
Señaló que el nuevo decreto es resultado de un proceso de revisión e intercambio con los propios actores económicos no estatales, quienes transmitieron sus preocupaciones, insatisfacciones, e hicieron recomendaciones y sugerencias.
Sobre el alcance e impactos de estas decisiones, explicó el propósito de que estas actividades no solo contribuyan al aporte económico sino también que redunden en la mejora de los servicios y ofertas para la población, en medio de la compleja coyuntura del país, agravada por el recrudecido bloqueo y el cerco energético impuesto por el gobierno de los Estados Unidos.
Al insistir en que no se trata de una decisión de privatizar, indicó que el decreto está en total coherencia con los nuevos lineamientos del país pues se mantiene a la empresa estatal socialista en su papel fundamental, junto al complemento que representa una mayor participación de los actores económicos no estatales.
Comentó López Acea que la ampliación del espacio para el sector no estatal responde al potencial que este tiene en cuanto al capital humano, recursos y capacidad de financiamiento e inversión, que le permite involucrarse en el desarrollo de diferentes ramas de la economía y aportar en correspondencia con las necesidades del país.
La funcionaria apuntó que esta flexibilización no es un hecho aislado, sino que forma parte de un paquete de medidas estructurales, y subrayó la vigencia del Decreto-Ley 114, que ya posibilita la asociación económica y la creación de empresas mixtas entre entidades estatales y no estatales.
“Se complementan así todas estas medidas que se han venido tomando al permitir y facilitar la participación de los actores económicos no estatales en la economía del país, pues con el nuevo decreto se actúa de manera sinérgica para derribar barreras y favorecer la inserción del sector privado en el entramado productivo nacional”, argumentó.
Puntualizó que lo más notable en la nueva normativa es la reducción de las actividades prohibidas para el sector no estatal, y precisó que el anterior Decreto 107 (que ahora se deroga) contenía un listado de 125 actividades, y en el nuevo son 46 las eliminadas totalmente del grupo de prohibiciones, lo que significa que ahora quedan autorizadas sin restricciones. En tanto, unas 35 actividades se modifican, lo que implica que se flexibilizan sus condiciones de operación o se abren nuevas aristas dentro de estas.
Es decir que la nueva normativa mantiene un número significativamente menor de actividades reguladas o prohibidas, ampliando de forma considerable el radio de acción para emprendedores y empresarios privados en la isla.
Destacó que la flexibilización abarca un amplio abanico de sectores productivos y de servicios, lo que facilitará un mejor aprovechamiento de la capacidad instalada y del capital humano formado en el país. Entre las esferas se encuentran energía y minas, la industria manufacturera, el transporte, el comercio, la salud y educación, siempre en consonancia con las políticas sociales del país.
López Acea se refirió al alcance de la flexibilización pues se prevé que tenga un considerable impacto en los municipios y en las localidades. Es decir que la medida permitirá que todo el potencial de actores económicos, tanto estatales como no estatales, participe en las soluciones a los problemas locales e impulse el avance económico desde el nivel territorial.
Hoy el tejido empresarial se amplía y diversifica, y en ese sentido, la funcionaria citó las más de 15 600 Mipymes aprobadas, que ya para finales de agosto se estima totalicen las 16 000, de acuerdo con las solicitudes en proceso hasta la fecha.
Contribuir al bienestar de la población, favorecer la prestación de servicios y la oferta de bienes y poner en igualdad de condiciones a todos los actores económicos del país, propiciando el desarrollo de las fuerzas productivas en el sector no estatal e incrementando el sistema empresarial del país en toda su magnitud, son propósitos esenciales de la implementación de este nuevo marco legal.
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