La consolidación de la bancarización se mantiene como prioridad estratégica para perfeccionar el sistema bancario y resolver las dificultades asociadas a los mecanismos de pago electrónico.
Así trascendió durante la XXX Sesión Ordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular, al ser presentado un informe sobre el tema por Yasel Alfonso González Fuentes, Intendente del territorio. Este proceso, de carácter transversal en la sociedad, se vincula estrechamente a dos pilares de la gestión gubernamental: la informatización de la sociedad y la comunicación social.
Si bien en Moa se ha logrado que más del 96 % de la fuerza laboral reciba su salario mediante tarjeta magnética —primer paso indispensable en el proceso de bancarización—, aún persisten obstáculos que afectan su correcto funcionamiento. Estos derivan de constantes violaciones de las Resoluciones 111/2023 del Banco Central de Cuba y 93/2023 del Ministerio de Comercio Interior, en lo relativo al uso del pago electrónico por parte de actores económicos estatales y no estatales.
El tema generó un profundo debate entre los delegados, quienes expusieron diversas violaciones detectadas a través de planteamientos de electores, así como mediante controles y fiscalizaciones realizadas, evidenciando cierta anarquía en el cumplimiento de la ley.
Entre las infracciones señaladas se encuentran: la negativa de algunos comercios a recibir pagos por transferencia, el cobro de hasta un 20 % por aceptar este medio, el uso de códigos QR no asociados a cuentas fiscales, y la aparición de un nuevo agente en los portales de las sucursales bancarias que cobra hasta un 30 % a los jubilados que necesitan extraer efectivo.
Al respecto, el presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, Alexei Martínez Mora, fue enfático al expresar que, aunque puedan existir muchas justificaciones, la ley es única y debe cumplirse. Para ello, dijo, existen los órganos inspectores y el grupo de prevención social. Sin embargo, aclaró que, aunque a muchos no les guste, es imprescindible la denuncia por parte de las personas afectadas para poder actuar en consecuencia, y que los delegados tienen la responsabilidad de orientar a sus electores sobre dónde dirigirse para formular esas denuncias.
En Moa existen mecanismos para que la población reporte estas violaciones, como el Portal del Ciudadano y canales telefónicos habilitados para tal fin.
El enfrentamiento a las infracciones en el uso adecuado de los canales de pago, así como a otras relacionadas con el comercio electrónico, no puede ser exclusivo de los organismos estatales. La población debe adoptar un papel activo para cerrar filas contra quienes violan la ley.
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