El envejecimiento de la población cubana no es una previsión demográfica. Es un hecho que se siente en los hogares, en las consultas médicas y en la organización cotidiana de la sociedad. Cada vez más personas requieren apoyo para realizar actividades básicas de la vida diaria y, al mismo tiempo, cada vez son menos los miembros del núcleo familiar que pueden asumir esa responsabilidad de manera permanente.
La reciente decisión del Consejo de Ministros que autoriza a actores económicos no estatales a prestar servicios de cuidados para personas adultas mayores o en situación de discapacidad introduce una novedad significativa dentro del sistema de protección social cubano. No se trata de una medida aislada. Forma parte de una política más amplia vinculada al Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida, creado con la finalidad de redistribuir las responsabilidades del cuidado entre el Estado, la sociedad y las familias, sin discriminaciones y con una mirada orientada al bienestar y la autonomía de quienes necesitan atención y de quienes la brindan.
El sistema estatal continúa siendo la base del modelo de protección, pero la realidad obliga a sumar otros actores que puedan contribuir a satisfacer esas necesidades de manera organizada y regulada.
En ese sentido, la normativa insiste en tres propósitos esenciales. Favorecer el bienestar de las personas que requieren cuidados y de quienes los brindan, promover la integración social de los beneficiarios y garantizar el respeto a su autodeterminación y a sus derechos. No es un detalle menor. El cuidado deja de concebirse únicamente como asistencia y empieza a vincularse con la dignidad y la calidad de vida.
La nueva regulación intenta ampliar el campo de soluciones disponibles sin renunciar al control público ni al principio de protección social. El cuidado, en este contexto, deja de ser una tarea silenciosa que ocurre únicamente dentro de los hogares y pasa a ocupar un lugar visible en la agenda jurídica y política del país.
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