Desde que el día 5 del pasado mes la Gaceta Oficial de la República de Cuba publicara la Resolución 225 de 2024 del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), la cual explicita el propósito de “contener los niveles de precios de determinados productos de alto impacto en la población”, el efecto de la entrada en vigor de la normativa se aprecia en Ciego de Ávila.
Aun cuando el territorio sufre la persistencia de plantillas incompletas en varios municipios, Irán Cano González, jefe de Grupo General de Inspección Provincial dijo a Invasor que, desde la citada fecha, más de 1800 visitas revelaron ventas por encima del límite establecido para los precios minoristas máximos a aplicar en la comercialización de los productos que consigna la normativa.
La imposición de multas a los infractores, más de 800, evidencia especialmente que dos de los alimentos, el pollo troceado y la leche en polvo, generan las mayores violaciones, sin obviar que entre los gestores de venta no faltan quienes desinforman cuando dejan de situar los correspondientes precios a la vista de los clientes.
En lo que concierne a la cota determinada para la venta de la libra de pollo, Cano González precisó que si bien se ha fijado en 312.75 pesos, se permite el redondeo por exceso o defecto, en vista de la carencia de menudo para cumplimentar las transacciones.
Un viejo problema, plantillas aprobadas muy lejos de cubrirse, dificultan las faenas. De los 22 inspectores previstos en el municipio de Ciego de Ávila, apenas laboran 6, y otros como Florencia y Ciro Redondo tampoco disponen de la totalidad del personal. Como es lógico suponer, los 11 que forman parte de la estructura a escala provincial centran la atención en el municipio más complejo y con mayor número de actores económicos.
“Al principio había un poco de resistencia por parte del sector no estatal con productos que ellos tenían ya comprados y que al aplicarles los nuevos precios, al parecer tenían sus pérdidas”, comenta Irán, quien da cuenta de ciertos avances y, de paso, aprovecha para reiterar que el teléfono 33207123 permanece a disposición del público, “quien detecte cualquier violación nos puede llamar”.
Desde la puesta en vigor de la Resolución 225 del MFP arreciaron el trabajo los grupos de inspección en todos los municipios y el de carácter provincial, en cuya composición aparecen, además de los inspectores, integrantes de las respectivas direcciones territoriales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Oficina Nacional de Administración Tributaria, Comercio y los bancos Popular de Ahorro y de Crédito y Comercio.
También opera el personal que constituye el llamado grupo Observador, cuya misión es visitar los escenarios de venta e informar cualquier anomalía.
La cuantía de lo recaudado en la geografía provincial mediante la aplicación de contravenciones asciende a más de dos millones de pesos, evidencia de que “se ha mejorado mucho”, al decir del jefe de Grupo General de Inspección Provincial.
Pero ninguna acción será suficiente, hasta tanto no desaparezcan los precios abusivos y especulativos. Como informara recientemente el sitio digital Cubadebate en los últimos días “se realizaron más de 19 300 acciones de control de precios en el país y el índice de detección de violaciones fue de un 60 por ciento. A la par se impusieron multas que acumulan un valor superior a los 30 millones de pesos y se aplicaron medidas como las ventas forzosas, el retiro temporal de autorización del funcionamiento del establecimiento y el decomiso a quienes ejercían de forma ilegal”.
Los precios minoristas máximos establecidos de manera centralizada, reconocen los costos y gastos de adquisición y comercialización, la utilidad en la actividad comercial y el Impuesto sobre las ventas para seis productos.
Además del pollo troceado y la leche en polvo, el texto de la norma incluye los aceites comestibles (excepto el de oliva), las salchichas, las pastas alimenticias y el detergente en polvo.
