La Gaceta Oficial de la República de Cuba publicó nuevas disposiciones del Ministerio del Comercio Interior (Mincin) para implementar las transformaciones aprobadas en el sector, en particular el reordenamiento del comercio mayorista, la creación de mercados de abasto y de barrio, así como la actualización de las regulaciones para los establecimientos gastronómicos del Sistema de Atención a la Familia.
Betsy Díaz Velázquez, titular del Mincin, explicó en conferencia de prensa que las nuevas normas buscan perfeccionar la organización, el control y la calidad de los servicios. Se encuentra en proceso de implantación el proyecto "Mercado de Barrio" que ante las limitaciones del abastecimiento con destino a la canasta familiar normada y la compleja coyuntura nacional actual, debido sobre todo al recrudecimiento del bloqueo y al cerco energético estadounidense, ha sido aprobado como parte de las transformaciones.
Este tiene el propósito de ofertar a la población una nomenclatura de productos de primera necesidad que a partir de incentivos fiscales tendrán un impacto en los precios y el tratamiento diferenciado a personas más vulnerables.
Al respecto, Yenisley Ortiz, viceministra de Finanzas y Precios, citó los beneficios fiscales para incentivar esas modalidades al comentar que se fija, entre otras, la bonificación del 10 por ciento (%) del pago del impuesto sobre las ventas mayoristas y el cinco % sobre las ventas minoristas.
Se ponen en vigor las disposiciones para el funcionamiento del mercado de abasto, el cual constituye una alternativa para el reordenamiento del comercio mayorista que permita el acceso directo a personas naturales y jurídicas, precisó la ministra.
Según lo estipulado, estos mercados podrán operar con varios actores económicos, priorizar productos de alta demanda y funcionar tanto en pesos cubanos como en divisas, con emisión de facturas, pagos electrónicos y comercio electrónico.
La norma precisa además que la creación de estos mercados dependerá de las características del territorio, la demanda y las condiciones físicas de las instalaciones, que pueden incluir almacenes, tiendas amplias y áreas abiertas.
También se ubicarán preferentemente en zonas urbanas y suburbanas con buena comunicación vial, acceso fácil y posibilidades de parqueo para transporte de carga y ligero.
En paralelo, la titular del Mincin se refirió este martes a la Resolución 14/2026 que actualiza las regulaciones para el funcionamiento de los establecimientos gastronómicos del Sistema de Atención a la Familia (SAF).
También se publicó el Acuerdo 10418/2026, que establece la responsabilidad de los organismos de la Administración Central del Estado que intervienen en el SAF.
Además se incluyen las responsabilidades de los gobernadores e intendentes y de los jefes de las estructuras organizativas de las administraciones provinciales y municipales del Poder Popular que correspondan, y se dispone la ampliación de la participación de los prestadores del servicio y las acciones para lograr el perfeccionamiento de su calidad y seguir acompañando las acciones que demanda la situación demográfica del país.
Se reafirma que el servicio está dirigido a personas mayores que viven solas, personas con discapacidad sin apoyo de ningún tipo, familias en situación de vulnerabilidad social y, de manera excepcional, embarazadas en núcleos familiares que requieran refuerzo alimentario.
La nueva normativa amplía las formas de prestación del servicio, incluyendo entidades estatales con comedor obrero, formas de gestión no estatal e instituciones o asociaciones sin fines de lucro, además de hogares de alimentación comunitaria en zonas rurales o de difícil acceso.
Asimismo, fija obligaciones de control, seguimiento, registros de beneficiarios, requisitos sanitarios, elaboración de menús con aportes nutricionales adecuados y coordinación con otras instituciones del territorio.
La ministra ratificó la decisión del país de avanzar en subsidiar a personas y no a productos. Con la publicación de estas disposiciones se refuerza el propósito de ordenar la actividad comercial y social del país, con mayor participación de actores económicos, mejor control institucional y una oferta de servicios más flexible y cercana a las necesidades de la población.
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